Este año se registraron 8 casos de femicidios en nuestro país, y recién estamos arrancando febrero. El año pasado fueron 32 los casos. El panorama es alarmante y a nivel global es peor. Cada día tenemos nuevos casos de abusos sexuales a niñas, y de embarazos productos de los mismos, incluso niñas obligadas a parir y criar a niños, siendo niñas; el asesinato a mujeres trans es constante, invisible e impune, y las mismas son expulsadas de escuelas y hospitales. Las mujeres campesinas y las mujeres indígenas son discriminadas, expulsadas de sus tierras y criminalizadas. La discriminación y exclusión alcanza también a las lesbianas, bisexuales, discapacitadas y mujeres afrodescendientes, tanto en el plano legal como en las prácticas estatales y sociales. El derecho a decidir sobre el destino de nuestros cuerpos y nuestra reproducción está aún penalizado. Esta lista solo abarca algunas de las peores formas de violencia que sufrimos.

La violencia que vivimos tiene formas diferentes y múltiples, y afecta a cada colectivo y persona de forma diferente, estas están naturalizadas en nuestra sociedad y sirven para mantener un orden social excluyente e injusto. En Paraguay se siguen reproduciendo prácticas dictatoriales que normalizan estas violencias; en especial la burocracia y la corrupción de las instituciones policiales y judiciales contribuyen a que la impunidad sea una constante; y a que no exista atención ni respuestas del Estado para nosotras.

Este Estado, con comprobados vínculos con mafias y otros sectores delictivos, viola sistemáticamente nuestros derechos. Al no recibir justicia, construimos justicia popular, a través del paro, con nuestra organización y nuestra participación activa como mujeres.

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