Uruguay se enfrenta a una etapa regional en la que la articulación entre en neoliberalismo económico y el autoritarismo religioso no permiten en despliegue de perspectivas de transformación reales de la realidad de las mujeres y de todxs las personas cuyos derechos humanos son violados sistemáticamente. La misoginia, el racismo, la segregación, la xenofobia y la homolesbotransfobia son algunas de las formas en las que se expresa la cultura dominante en nuestro territorio. A esto se agregan los hechos de violencia institucional que continúan impunes y la promoción mediática del patriarcado capitalista que afecta directamente nuestros cuerpos y precariza nuestras existencias. – En el 2017 una mujer es asesinada por semana sólo por ser mujer.

  • las mujeres seguimos recibiendo salarios desde un 25% menores que los de los varones, y hasta 40% menos en el caso de las trabajadoras precarizadas.
  • Nos expone aún más a ser víctimas de violencias machistas, y particularmente de redes de trata: nuestros cuerpos son considerados mercancía para la industria sexual, y dentro de esta la trata, la prostitución, y la pornografía. Denunciamos que sin clientes y sin Estados cómplice, no hay trata.
  • Exigimos más oportunidades laborales para mujeres, jubilación para amas de casa, socialización de las tareas domésticas y de cuidados, guarderías en los lugares de trabajo y de estudio

A pesar de determinadas políticas públicas que podrían considerarse progresistas, denunciamos:
– Las barreras existentes para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y las carencias de la ley actual que se reflejan en las constantes violaciones a los derechos adquiridos por las mujeres:
– Tuvimos 3 procesadas, dos de ellas presas por abortar, en 2015, estando en vigencia la actual Ley Nº 18.987.
– La tortura y violación a los DD.HH. ejercida por parte de la Justicia al obligar a una mujer a continuar un embarazo contra su voluntad ante solicitud del hombre y por recomendación de un abogado asignado de oficio para el feto de menos de 12 semanas.
– Reclamamos que se elimine del código penal la tipificación del aborto como delito.

Uruguay, no obstante su tamaño y número de habitantes, desde hace años constituye estadísticamente uno de los países con mayor número de feminicidios en la región:
-Denunciamos las carencias y omisiones del sistema judicial, de la ley de violencia doméstica y del sistema de tobilleras.
-Exigimos mecanismos eficientes y accesibles de contención y apoyo así como procesos ágiles de denuncia y prevención.
-Demandamos la creación y puesta en funcionamiento de refugios y hogares dignos y seguros para mujeres, y sus hijos, víctimas de violencia.

Reconocimiento de derechos específicos para la población afrodescendiente:

  • Asumir en la lucha feminista la lucha contra el RACISMO.
  • Políticas descentralizadas para la población afrodescendiente reconociendo a las mujeres rurales con sus carencias particulares por el medio donde se encuentran, donde opera fuertemente la hegemonía de poder clases, raza y sexo.
  • Revalorizar y promover la cultura ancestral de la comunidad afrodescendiente.
    Incorporación de la variable étnica en  todas las dimensiones y entidades (salud, educación, trabajo, vivienda, propiedad de la tierra, violaciones a los derechos humanos , etc.).

Rechazamos el avance de grupos religiosos en Uruguay y en la región por ver en ellos la amenaza que representan la alianza entre poder político e Iglesia a la hora de los derechos y la vida de las mujeres. Separación total entre Iglesia y Estado: que se respete la laicidad.

Denunciamos los abusos cometidos por funcionarios y médicos dentro de instituciones de salud mental:

  • Exigimos leyes y procesos que respeten los derechos humanos, y que se tomen medidas contra los funcionarios y médicos implicados en abusos.

– Cada 18 minutos la policía recibe una denuncia de violencia de género. – En los últimos 14 meses cada 36 mujeres fueron asesinadas por su pareja o ex pareja (aún no tipificados como feminicidios).
– Una de cada 4 mujeres asesinadas por violencia de género (24%) denunció previamente al agresor.
– Asesinatos: en el 80% la víctima es hombre, en el 20%, mujer. Los agresores: el 98% son hombres, 2% son mujeres.
– Entre el 50% y 70% de las mujeres asesinadas y el 35% de niñxs y adolescentes asesinadas es por violencia machista.
– Actualmente, hay 350.000 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia durante su infancia. – Un 14,2% de las adolescentes afrodescendientes son madres, mientras el 9,1% de sus pares /no afrodescendientes) lo son.
– 4 de cada 10 afrodescendientes no acceden a secundaria.
– El embarazo adolescente duplica al de Reino Unido y cuadruplica al de España.
– Sólo 2 de cada 10 abortos son de adolescentes aunque la tasa de nacimientos de madres adolescentes supera la tasa mundial.
– En el año 2016, 5 adolescentes con un promedio de 15 años desaparecieron. Aún no sabemos de ellas.
– 22,4% de las adolescentes con necesidades básicas insatisfechas son madres, mientras un 3,6% de sus pares, sin necesidades básicas insatisfechas, lo son.
– 6 de cada 10 madres adolescentes habían abandonado los estudios antes de quedar embarazadas. – Las mujeres empleadas en el sector cuidados perciben, en promedio, $60 menos por hora que el resto de las mujeres ocupadas.
– Las mujeres dedican un promedio de 21 horas por semana al cuidado de niñxs entre 0 y 3 años, en tanto los varones un promedio de 14 horas.
– Las mujeres dedican en promedio casi el doble de tiempo semanal que los hombres al trabajo no remunerado.
– Un 22% de población ocupada en cuidados cobra un salario por debajo del salario mínimo nacional. – Casi el 96% de las personas ocupadas en el sector de cuidados son mujeres.
– Casi la mitad de la población cuidadora remunerada no se encuentra aportando a la seguridad social.
– 9 de cada 10 personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres.
– Más de un tercio de las personas que se dedican al trabajo doméstico cobra un salario menor al salario mínimo nacional. – Cada 100 pesos que gana un hombre por hora, una mujer gana 91.
– Por mes los varones gana en promedio $7.500 más que las mujeres. – Las mujeres en situación de diversidad funcional son víctimas de discriminación, maltrato e infantilización.
– Las mujeres migrantes son discriminadas y estigmatizadas por su etnia o nacionalidad.
– Las mujeres encerradas en manicomios son víctimas de violencia sexual y no reciben información sobre sus tratamientos y medicación.
– El 88% de las personas trans declara haber sido discriminada por ser trans.
– El 61% de las personas trans no alcanza a superar la barrera del ciclo básico.
– 4 de cada 10 mujeres afrodescendientes no tienen ingresos propios.
– Apenas un 17% de los cargos en órganos del PIT-CNT son ocupados por mujeres.
– Ninguna mujer integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
– Sólo 1 de cada 4 de los altos cargos en órganos autónomos, servicios descentralizados, entre autónomos y empresas públicas son ocupados por mujeres.
– En las elecciones del 2015 se presentaron 121 candidaturas al cargo de la Intendencia, en todo el país sólo una mujer fue electa.
– No hubo mujeres intendentas en todo el territorio nacional hasta el año 2009 cuando fueron electas 3 (Montevideo, Artigas, Lavalleja).
– En los últimos 7 períodos de gobierno, sólo 12 mujeres ocuparon el cargo de Ministra, en relación a 75 hombres (14%)
– Apenas 1 de cada 5 personas que nos representan en el Parlamento son mujeres.
– Sólo 1 de cada 3 de los cargos grado 5 de la Universidad de la República son ostentados por mujeres. Por estas y muchas más razones que hacen a la micropolítica que no deseamos legitimar es que consideramos que el Estado, los gobiernos y la democracia toda es responsable por la falta de acciones para prevenir la violencia contra nosotras con respuestas presupuestadas, dignas y con participación de todo el movimiento de mujeres del país.

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